Misandria judicial en provincias
Se dan muchas más ordenes de protección (estadisticamente hablando) en provincias que en capitales de provincias.
El mapa geográfico de partidos judiciales y Ordenes de protección desvela el problema
Al implementar el mapa de órdenes de protección en 2023-2024, observamos que los partidos judiciales ubicados en provincias (es decir, fuera de las capitales provinciales) presentaban un porcentaje significativamente mayor en la concesión de dichas órdenes.
Obviamente ningún juez respondió, cosa que podían hacer pero se imponía el Silencio judicial cómplice ante la misandria.
Sin embargo hacia unos días justo un juez comentando los cambios de entrada a la carrera judicial que propone el gobierno decía que efectivamente nadie quiere juzgar en pueblos.
Esto no explica la misandria en partidos judiciales de pueblos pero ¿hasta que punto seguir la ideología de genero impulsa la carrera de los jueces?, lo que desde luego sabemos es que luchar la ideología de genero provoca la persecución judicial.
Fiscales comentan como los juzgados mixtos (típicos de provincias) nadie los quiere:
Así es. Y, para más inri, también lo quieren meter para fiscales. Te matas años a opositar, logras entrar y luego te pasan por la derecha cuando tú te has comido 8-9 años en un mixto de mierda y ves como el recién llegado accede directamente al juzgado de capital [2]
Que opina un modelo LLM al respecto
Ante la falta de transparencia judicial al respecto le preguntamos a ChatGPT y nos razona que los motivos de esa misandria provincial pueden ser los siguientes:
"Conceder por sistema" para evitar problemas
En partidos judiciales pequeños, algunos jueces podrían optar por conceder casi automáticamente las órdenes de protección para evitar asumir responsabilidad en caso de que algo salga mal. Si una orden se deniega y luego ocurre una agresión o un asesinato, el juez puede ser cuestionado y enfrentar críticas mediáticas o disciplinarias. Concederlas en masa es una forma de protegerse a sí mismos.
Falta de evaluación rigurosa
En tribunales con menos recursos o experiencia en casos de violencia de género, podría existir una falta de análisis profundo de cada solicitud, llevando a una concesión casi automática de las órdenes de protección. Esto podría ser por falta de especialización, desconocimiento o incluso desinterés.
Presión social o política
En municipios pequeños, donde "todo el mundo se conoce", los jueces pueden estar sometidos a presiones sociales o políticas para conceder órdenes de protección sin valorar suficientemente cada caso. Un juez que deniegue una orden en un entorno donde todos se conocen puede enfrentar presiones de asociaciones, medios locales o incluso políticos municipales.
"Cuota" o imagen judicial
Algunos partidos judiciales podrían mantener tasas de concesión altas para que no parezca que están desprotegiendo a las víctimas. Si en una región cercana el 100% de las órdenes se conceden y en otra solo el 70%, puede haber presión para igualarse a la tendencia, aunque eso implique conceder órdenes sin un análisis exhaustivo.
Menos recursos para seguimiento, más facilidad para conceder
En zonas rurales donde hay menos efectivos policiales o menos medidas alternativas de protección (como casas de acogida o dispositivos electrónicos), conceder órdenes de protección puede ser la única solución disponible, aunque en algunos casos no esté plenamente justificada.
En resumen, aunque la concesión de órdenes de protección suele estar basada en la protección de las víctimas, también pueden influir factores como la autoprotección judicial, la presión social, la falta de análisis profundo y la imagen del sistema judicial. Esto podría explicar por qué en algunas zonas menos pobladas el porcentaje es tan alto.
