Caso CAPSEM Norte 2021
En mayo de 2021 el CAPSEM Norte (Centros de Atención Psicosocioeducativa para mujeres y sus hijas/os víctimas de violencia de género) reconocío como victima de Violencia de Género a una mujer, 7 meses antes de que se aprobara la ley de Diciembre 2021 que (podría interpretarse) que permite ese reconocimiento.
El hombre implicado en este proceso tenía documentos que probaban este extremo y decidió perseguir judicialmente el caso
Con la vía judicial perdida, la demandante solicitó el «carné de maltratada» y, a pesar de existir denuncia en su contra, cuatro resoluciones judiciales archivadas en firme y un informe de la Policía Nacional en contra de la mujer; y pese a habérsele retirado la custodia y patria potestad de su hijo, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid optaron por otorgarle dicha acreditación de «víctima de violencia de género» en mayo de 2021. [1]
Lo que alegó el CAPSEM es que ellos encuentran en la ley regional de la Comunidad Autonoma de Madrid suficiente base como para hacer ese reconocimiento, sin embargo no es así:
Los requisitos para acceder al «título habilitante de víctima de violencia de género» en la Ley 5/2005 son claros en el artículo 31: si se ha presentado denuncia, que exista una sentencia condenatoria, resolución judicial en la que se deduzca que la mujer ha sido víctima, orden de protección o medida cautelar vigente, informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la persona solicitante es víctima o atestado elaborado por las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado presenciando alguna manifestación de violencia de género.[1]
Y aunque mencionen la Resolución de Diciembre 2021 (que no es una ley y es claramente misándrica), dicha Resolución es posterior al reconocimiento de victima.
«Para aspirar a contar con estas ayudas, debes ser víctima de un maltratador y, si no existe maltratador, nunca puede existir víctima», asevera a este periódico. En su opinión, tanto la red municipal de centros contra la violencia de género, la asociación Hermanas Mirabal y los cargos políticos firmantes podrían haber cometido un delito de prevaricación.[1]
