Caso CAPSEM Norte 2021
En mayo de 2021 el CAPSEM Norte (Centros de Atención Psicosocioeducativa para mujeres y sus hijas/os víctimas de violencia de género) reconocío como victima de Violencia de Género a una mujer, 7 meses antes de que se aprobara la ley de Diciembre 2021 que (podría interpretarse) que permite ese reconocimiento.
El hombre implicado en este proceso tenía documentos que probarían esta aprobación indebida y decidió perseguir judicialmente el caso
Con la vía judicial perdida, la demandante solicitó el «carné de maltratada» y, a pesar de existir denuncia en su contra, cuatro resoluciones judiciales archivadas en firme y un informe de la Policía Nacional en contra de la mujer; y pese a habérsele retirado la custodia y patria potestad de su hijo, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid optaron por otorgarle dicha acreditación de «víctima de violencia de género» en mayo de 2021. [1]
Lo que alegó el CAPSEM es que ellos encuentran en la ley regional de la Comunidad Autonoma de Madrid suficiente base como para hacer ese reconocimiento, sin embargo no es así:
Los requisitos para acceder al «título habilitante de víctima de violencia de género» en la Ley 5/2005 son claros en el artículo 31: si se ha presentado denuncia, que exista una sentencia condenatoria, resolución judicial en la que se deduzca que la mujer ha sido víctima, orden de protección o medida cautelar vigente, informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la persona solicitante es víctima o atestado elaborado por las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado presenciando alguna manifestación de violencia de género.[1]
Y aunque mencionen la Resolución de Diciembre 2021 (que no es una ley y es claramente misándrica), dicha Resolución es posterior al reconocimiento de victima.
«Para aspirar a contar con estas ayudas, debes ser víctima de un maltratador y, si no existe maltratador, nunca puede existir víctima», asevera a este periódico. En su opinión, tanto la red municipal de centros contra la violencia de género, la asociación Hermanas Mirabal y los cargos políticos firmantes podrían haber cometido un delito de prevaricación.[1]
