Noticias, denuncias y sentencias de denuncias a fiscales

De Violencia de Genero

Sentencias sobre el tema

STS 990/2013, delito continuado de omisión del deber de perseguir delitos

delito de cohecho pasivo por funcionario público, delito de cohecho activo por particular, delito continuado de prevaricación, delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, delito continuado de omisión del deber de promover y de perseguir delitos por funcionario público, delito de infidelidad en la custodia de documentos por funcionario público, delitos de revelación de secretos por funcionario público, delito de insolvencia punible, delito de negociaciones prohibidas a funcionarios del art. 441 CP , delito de cohecho impropio del art. 426 CP y delito continuado de tráfico de influencias, en grado de tentativa. 

STS 586/2014, falta de tutela judicial efectiva

1.- El cuarto de los motivos denuncia lo que estima omisión en el contenido de la decisión jurisdiccional recurrida por no responder a determinadas cuestiones suscitadas por la defensa . Se pretende que con ello se vulnera la garantía constitucional de tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso con todas las garantías.
Se enumeran al respecto una serie de operaciones concretas cuya toma en consideración debería haber llevado a fijar diferentes bases liquidables de los impuestos cuya elusión dio lugar a la declaración de responsabilidad penal por delito fiscal.
- Llama la atención que la enumeración de dichas operaciones (con la salvedad, al menos aparentemente, de la referencia a cheques librados por EMPRESAX, que se dicen ingresados en la cuenta de EMPRESAB) es la misma que se efectúa en los motivos siguientes quinto y sexto para impugnar allí las conclusiones de la sentencia al respecto. Mal cabe compatibilizar uno y otro motivo del recurso. O se reprocha silencio en la argumentación o se reprocha error en la valoración, pero las dos cosas simultáneamente son incompatibles.

SAP Cádiz 227/2011, persigue a la fiscalía por no perseguir de oficio a la policía. Desestimada

No se niega el derecho que tenga SUJETOX en que se investiguen las lesiones que él atribuye a los agentes policiales que la determinaron, pero si esta investigación no es la que nos ocupa, y tiene lugar, como invoca el propio recurrente, en virtud del atestado NUM000, no entra dentro de las competencias del Juzgado de lo Penal el perseguir de oficio tal posible hecho delictivo, ni conforma su pronunciamiento, en forma de Sentencia, que es lo que se está recurriendo, como parte preceptiva de su contenido, mención alguna el episodio relativo a la detención, su forma y consecuencias de la misma. Como nada obsta a que Cesáreo se persone en las diligencias derivadas del atestado NUM000 solicitando la práctica de todas aquellas que estime oportunas o se dirija a la Fiscalía en su condición de acusación pública y obligado a la persecución de oficio de los delitos. Se condena al acusado. Se desestima la apelación.

STSJ Extremadura 313/2017. Un caso enrevesado de un Ayto., un funcionario y poder recurrir

a) La facultad de denunciar un hecho perseguible de oficio por la Administración no concede al denunciante la condición de parte interesada, ni la posibilidad por tanto de recurrir, incluso cuando, sin perjuicio de que la Administración lo pueda perseguir de oficio, el hecho ha causado o puede haber causado un perjuicio directo al denunciante.
b) El ejercicio de acciones sancionadoras o disciplinarias solo concluye en su caso con la imposición de una sanción al denunciado, pero no con la reparación material al denunciante, ni en el sentido de una indemnización ni en el de la revocación de la actuación jurisdiccional realizada.
c) El mero interés moral que, por tanto, resta al denunciante de que se sancione al denunciado no es suficiente para fundamentar su legitimación.
(...) El argumento crucial en esta materia es que el denunciante, incluso cuando se considere a sí mismo víctima de la infracción denunciada, no tiene un derecho subjetivo ni un interés legítimo a que el denunciado sea sancionado. El poder punitivo pertenece únicamente a la Administración que tiene encomendada la correspondiente potestad sancionadora y, por consiguiente, solo la Administración tiene un interés tutelado por el ordenamiento jurídico en que el infractor sea sancionado.

AAN 855 /ECLI:ES:AN:2008:855A. Caso raro de fiscal peruana que es detenida en Madrid

STS 508/2015, Cohecho por comisiones y prebendas

El Sr. X es Funcionario por oposición del Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, hoy día denominados Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, habiendo desempeñado sus funciones profesionales en el Juzgado de Instrucción nº1 de Marbella, salvo un periodo inicial en la Fiscalía y un año en el Juzgado de Instrucción nº 3 de dicha localidad, sin que le conste en su carrera ningún antecedente desfavorable, salvo la imputación que ahora juzgamos.
En el Ayuntamiento de CIUDAD prestan sus servicios su esposa, una hija y un hijo lo que motivó que en alguna ocasión puntual acudiera Don. Y para resolver alguna cuestión relativa al lugar de trabajo de la hija o al traslado en ambulancia de su hijo con ocasión del accidente referido por el mismo.
APARTADO 95: Debemos condenar y condenamos [...] a la PENA DE MULTA DE 3 MESES con una cuota diaria de 6 Euros, con independencia de que en la fase de ejecución de sentencia se tenga en cuenta su situación de prisión preventiva y de suspensión de funciones durante un dilatado periodo de tiempo, así como al pago de una ciento treinta y seisava parte de las costas procesales.

ATS ¿?, 2 de Junio de 2021

El retardo malicioso que se observa en la vulneración sistemática del artículo 270 y 271 LOPJ , negando el oportuno traslado de las resoluciones dictadas en el recurso de alzada X/XXXX seguidos ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de CCAA y cuya autoría recae en la LAJ con la cooperación necesaria de los miembros de la Sala de Gobierno.
Sin que esto presuponga una valoración jurídico penal de la actuación de la Letrada de la Administración de Justica, tarea que no nos corresponde, y a los exclusivos efectos de examinar la actuación de los integrantes de la Sala de Gobierno, sostenemos que la invocación a la "cooperación necesaria de los miembros de la Sala de Gobierno" carece de cualquier apoyo. En este sentido, recordar los 149 a 159 LOPJ., a los que ha de añadirse que las funciones que el artículo 452 y ss. LOPJ, y el articulo 166 y concordantes de la LECrim., atribuyen a los Letrados de la Administración de Justicia en lo que a la comunicación con las partes se refiere.

SAP Huelva 105/2014, 31 de Marzo de 2014

El Juzgado de Instrucción nº 1 de CIUDAD procedió a la incoación de Diligencias Previas por los referidos delitos y continuó su tramitación por el trámite de Procedimiento Abreviado, habiendo formulado acusación el Ministerio Fiscal contra los referidos anteriormente, así como la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ejerciendo la Acusación Particular por delitos de omisión del deber de perseguir y denunciar delitos y delitos de cohecho interesando la imposición de penas que constan en sus escritos de calificación provisional.

SAP Barcelona, 27 de Julio de 2011

por delito de cohecho pasivo por funcionario público, delito de cohecho activo por particular, delito continuado de prevaricación, delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, delito continuado de omisión del deber de promover y de perseguir delitos por funcionario público, delito de infidelidad en la custodia de documentos por funcionario público, delitos de revelación de secretos por funcionario público, delito de insolvencia punible, delito de negociaciones prohibidas a funcionarios del art. 441 CP, delito de cohecho impropio del art. 426 CP y delito continuado de tráfico de influencias, en grado de tentativa, contra los acusados


ECLI:ES:TS:2017:4179A. Caso Hacienda

Relacionado con el caso Corrupción de Hacienda de 2007-2016 [1]

El 30 de diciembre de 2013, la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó sentencia (ES: TS:2013:6695) en el recurso de casación 434/2012 (caso conocido como "Hacienda" o "Inspectores"). [...] Condenó a tales funcionarios como autores de delitos continuados de cohecho pasivo y de falsedad en documento oficial, así como otro de prevaricación, y a los directivos como autores de un delito continuado de cohecho activo para la comisión de un acto ilícito no constitutivo de delito. La sentencia no reputó fraudulentas las conductas enjuiciadas, pues no medió ocultación ni mendacidad (FJ 58º). [...] No obstante lo cual, deja constancia el Tribunal Supremo de que el inspector condenado en relación con la inspección del "Grupo Núñez y Navarro" era consciente de que las diligencias y actas levantadas no fueron resultado de la investigación exhaustiva que le resultaba exigible, contribuyendo su superior (el inspector regional) a consolidar el desenlace del procedimiento, por no revisar la documentación ni exigir del actuario documento alguno (punto 13 del antecedente único).

Noticias y redes sociales sobre denuncias a fiscales

La mayoría de casos que han prosperado al menos parcialmente sobre actividades judiciales delictivas están relacionados con el ámbito político y/o de tráfico de influencias.

02/07/2024. Recusación por causa de enemistad manifiesta contra una magistrada

Auto ESTIMANDO recusación por causa de enemistad manifiesta contra la Magistrada titular del JPI 87 de Madrid. Hizo pasa a una letrada 29 meses de infierno en represalia por denunciar a un funcionario de su juzgado que la agredió. El @icam_es le denegó el amparo y la dejó sola. [2]

01/06/2024. La sola apariencia, símbolos y comentarios del juez pueden ser motivos de recusación

La línea trazada por la juez que, según la UCO, encarceló por error a Kiko 'el Cabra' y otros cinco hombres tras la embestida mortal de una narcolancha a la Guardia Civil en el puerto de Barbate continúa cosechando desencuentros.
Tras no autorizar el visionado del vídeo que exculpaba a las seis personas -y que fue la base del informe de la UCO que dio la vuelta a las pesquisas-, ahora es una de las defensas la que cuestiona a la magistrada. De hecho, ya ha pedido su recusación.
El abogado Rafael Jiménez de Vicuña Urbieta entiende que la instructora ha dinamitado principios básicos. El motivo: tomó declaración a los agentes que detuvieron El Cabra y sus hombres con distintas pulseras de la Guardia Civil. En concreto, una de ellas tenía un distintivo del Grupo de Acción Rápida (GAR), precisamente la unidad a la que pertenecía David Pérez, uno de los agentes asesinados el pasado febrero en el puerto de Barbate. «Es una quiebra de la imparcialidad», sostiene Jiménez de Vicuña en el escrito al que ha tenido acceso este periódico. [3]

15/11/2023. Juez Manuel Penalva y fiscal Miguel Ángel Subirán condenados a 9 años

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha condenado a nueve años de prisión al juez Manuel Penalva y al fiscal Miguel Ángel Subirán por obstrucción a la justicia, coacciones y omisión del deber de perseguir delitos durante la instrucción del caso Cursach, en el que fue procesado el mayor empresario del ocio nocturno de Baleares, Bartolomé Tolo Cursach. El empresario finalmente resultó absuelto en diciembre de 2022, después de que la Fiscalía —ya con otro responsable al frente— retirara todas las acusaciones al concluir que la causa, una investigación que se había extendido durante casi una década y había destapado una supuesta trama de connivencia entre la policía local de Palma y el magnate Cursach, había sido construida sin pruebas.' [4]
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04/02/2020. Torra denuncia parcialidad judicial en su recurso contra la inhabilitación ante el Supremo

El recurso elaborado por el abogado de Torra Gonzalo Boye denuncia una supuesta vulneración del derecho a un juez imparcial previsto en la Constitución, argumentando la animadversión de diversos miembros de la Junta Electoral Central contra el president.[5]