Diferencia entre revisiones de «Postura de Abogacía del Estado»

De Violencia de Genero
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=== 05/10/2023. La AGE intenta que Irene Montero no tenga que pagar a Rafael Marcos ===
=== 05/10/2023. La AGE intenta que Irene Montero no tenga que pagar a Rafael Marcos ===
La AGE utiliza artimañas legales (demasiado originales para el caso que nos ocupa) para intentar que Irene Montero no tenga que pagar por la sentencia del caso "Infancia Libre". Esto le sale mal y le sale a pagar 18.000 + 5.400 por los intereses de demora.


  «La parte demandada solicita que no se despache ejecución/se suspenda la misma sobre la base de un principio de prudencia. Siendo cierto que la prudencia debe presidir cualquier resolución judicial, no lo es menos que no resulta suficiente para acordar la suspensión de la ejecución forzosa», indica el Tribunal Supremo en un auto dictado este miércoles en el que da 20 días a Irene Montero para cumplir íntegramente la sentencia por vulnerar el derecho al honor de Rafael Marcos. El Alto Tribunal añade que «la suspensión no la acuerda el tribunal que ejecuta la sentencia firme sino el Tribunal Constitucional» y subraya que «la petición no está amparada en ningún precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que rige el principio general de no suspensión del art. 565 LEC». Además, según el Supremo, en el escrito presentado por la Abogacía del Estado «no consta la solicitud formal de suspensión» ante el TC «ni, por tanto, tampoco la suspensión acordada por el tribunal que ha de conocer el recurso de amparo». <ref>https://theobjective.com/espana/tribunales/2023-10-05/abogacia-estado-montero-sentencia-supremo/</ref>
  «La parte demandada solicita que no se despache ejecución/se suspenda la misma sobre la base de un principio de prudencia. Siendo cierto que la prudencia debe presidir cualquier resolución judicial, no lo es menos que no resulta suficiente para acordar la suspensión de la ejecución forzosa», indica el Tribunal Supremo en un auto dictado este miércoles en el que da 20 días a Irene Montero para cumplir íntegramente la sentencia por vulnerar el derecho al honor de Rafael Marcos. El Alto Tribunal añade que «la suspensión no la acuerda el tribunal que ejecuta la sentencia firme sino el Tribunal Constitucional» y subraya que «la petición no está amparada en ningún precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que rige el principio general de no suspensión del art. 565 LEC». Además, según el Supremo, en el escrito presentado por la Abogacía del Estado «no consta la solicitud formal de suspensión» ante el TC «ni, por tanto, tampoco la suspensión acordada por el tribunal que ha de conocer el recurso de amparo». <ref>https://theobjective.com/espana/tribunales/2023-10-05/abogacia-estado-montero-sentencia-supremo/</ref>

Revisión del 19:24 9 oct 2023

¿Qué es Abogacía del Estado?

La Abogacía General del Estado (AGE) de España es el órgano administrativo de la Administración General del Estado, integrado en el Ministerio de Justicia, responsable de dirigir los servicios que prestan asistencia jurídica al Estado y a otras instituciones públicas.

Por ejemplo en los últimos años ha sido muy activo en el gobierno del PSOE en:

  • Reclamar propiedades a la familia Franco
  • Perseguir independentistas en relación con el 'Proces' a veces contra el criterio de los propios cargos del gobierno

¿Qué papel juega en el viogen?

En general AGE no se manifiesta públicamente sobre la situación del viogen (falso o real), se limita a seguir las causas judiciales que pueden interesar a los miembros del gobierno en curso:

La Abogacía del Estado ha asumido la defensa de Irene Montero en el procedimiento civil que la ministra de Igualdad enfrenta por presunta intromisión ilegítima al derecho al honor de Rafael Marcos, expareja de María Sevilla, a quien acusó -sin mencionarle directamente- de ser un maltratador, según fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE. Un pleito que Montero no tendrá que pagar de su bolsillo, al asumir la Abogacía del Estado su defensa.[1]

Disconformidad del AGE sobre la intromisión del gobierno

La excesiva intromisión del gobierno del PSOE en AGE ha dado lugar a varios titulares entre 2018 y 2022:

La posición adoptada finalmente por la Abogacía General del Estado en la acusación del 1-O ha generado un malestar dentro del Cuerpo por la imagen de "sometimiento" al Poder Ejecutivo que ha llegado hasta la opinión pública. Al día siguiente de que se hiciera público, fuentes de la Abogacía lamentan el contenido del escrito de acusación, devaluado respecto a lo que estaba inicialmente previsto. "Es una vergüenza la intromisión descarada del Gobierno. Una cosa es que pueda ser legal, porque representemos a la Administración, pero otra que sea aceptable con esa intensidad", afirman.[2]

Bitacora

05/10/2023. La AGE intenta que Irene Montero no tenga que pagar a Rafael Marcos

La AGE utiliza artimañas legales (demasiado originales para el caso que nos ocupa) para intentar que Irene Montero no tenga que pagar por la sentencia del caso "Infancia Libre". Esto le sale mal y le sale a pagar 18.000 + 5.400 por los intereses de demora.

«La parte demandada solicita que no se despache ejecución/se suspenda la misma sobre la base de un principio de prudencia. Siendo cierto que la prudencia debe presidir cualquier resolución judicial, no lo es menos que no resulta suficiente para acordar la suspensión de la ejecución forzosa», indica el Tribunal Supremo en un auto dictado este miércoles en el que da 20 días a Irene Montero para cumplir íntegramente la sentencia por vulnerar el derecho al honor de Rafael Marcos. El Alto Tribunal añade que «la suspensión no la acuerda el tribunal que ejecuta la sentencia firme sino el Tribunal Constitucional» y subraya que «la petición no está amparada en ningún precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que rige el principio general de no suspensión del art. 565 LEC». Además, según el Supremo, en el escrito presentado por la Abogacía del Estado «no consta la solicitud formal de suspensión» ante el TC «ni, por tanto, tampoco la suspensión acordada por el tribunal que ha de conocer el recurso de amparo». [3]

Referencias